El conflicto sociopolítico artificial de 2018 causó a Nicaragua muchos daños en todos los órdenes de la sociedad, lo peor fue la pérdida de vidas humanas y lesiones físicas y sicológicas a personas inocentes.
Por Alfonsa Goicoechea
La economía nacional sufrió gran deterioro y afectaciones graves a los programas e inversiones públicas y privadas que por más de una década venían alcanzando resultados sorprendentes en la región, como consecuencia fue obligatorio hacer profundos recortes al presupuesto nacional a fin de redistribuir las deterioradas recaudaciones de impuestos en la reparación de los destrozos vandálicos y continuar las inversiones, entre ellas el financiamiento a las universidades públicas, que la Constitución Política instituye en el 6% del presupuesto nacional. Desde abril de 1990, durante todo el periodo de los gobiernos neoliberales se desobedeció ese precepto, las consecuentes protestas y reclamos verdaderamente pacíficos fueron sometidos a violenta represión policial, varios miembros de la comunidad universitaria sufrieron muerte, lesiones y arresto.
La Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, ley 89, aprobada por el gobierno revolucionario en el año 1990 en cumplimiento del mandato cunstitucional establece la lista de las casas de estudio miembros del Consejo Nacional de Universidades que deben recibir el financiamiento estatal, la mayoría de ellas son instituciones públicas, pero también se incluyó a dos privadas. Es sabido que una de esas universidades privadas favorecida por el financiamiento estatal, es de carácter internacional y dueña de abundantes recursos propios, son conocidos los altos costos administrativos que ha cobrado siempre en concepto, entre otros de matrícula, colegiatura y gestiones de graduación a sus estudiantes y usuarios de otros servicios que ella mercadea con todo derecho. También es público que desde 2018 ella promueve y alberga a elementos desastabilizadores, pero usa todos los medios posibles a su alcance para reclamar por los recortes presupuestarios inevitables, intentando hacerlos pasar como injustos y revanchistas porque, según sus directivos, afectan a sus estudiantes de escasos recursos patrocinados con los fondos estatales. Implícitamente ella reconoce su actuar subversivo. Actualmente la crisis financiera y económica es mundial, entonces muchos contribuyentes de los impuestos nos preguntamos ¿En qué universo particular privilegiado vive esa institución para creer que no debe alcanzarle la doblemente dura realidad material en la que todos perdimos beneficios?
La universidad pública más grande del país y su comunidad universitaria, una de las que acoge a los estudiantes de menor capacidad económica, en 2018 sufrió daños valorados en más de quince millones de dólares en todas sus actividades académicas, científicas, administrativas y patrimoniales, dinero que la sociedad no recuperará, entonces ¿Cómo y por qué mantener las proporciones presupuestarias de antes? El actual gobierno nacional siempre ha tenido vocación por la distribución justa y equitativa de los impuestos, entonces, en aras de la justicia social tiene el deber ineludible de priorizar a los más necesitados dentro de las posibilidades de la crisis, la sociedad lo exige porque la educación es clave para el desarrollo del país.
Otro aspecto con el que seguramente mucha gente estará de acuerdo se resume en la pregunta: ¿A cuenta de qué esa universidad debe seguir recibiendo financiamiento estatal de un gobierno con prioritaria opción por los empobrecidos al que ella sigue intentando derrocar?
