Una nueva campaña mediática trata de presentar a Nicaragua como una refinada dictadura con el juicio a los autores intelectuales del golpe de Estado de 2018 como telón de fondo.
Por Pedro Javier López Soler Mundo Obrero
Nicaragua vuelve a recibir estos días la atención de los medios de
comunicación españoles. Diarios como ABC, El Mundo o El País ponen el
foco sobre la nación centroamericana para arremeter, una vez más, contra
su gobierno, presidido por el comandante Daniel Ortega, a quien endosan
todo tipo de mentiras, falsedades y tergiversaciones, como la reciente
acusación de reprimir a la disidencia interna por medio de juicios
políticos contra líderes opositores. Pero, ¿qué hay de verdad en esta
nueva campaña mediática contra el sandinismo?
Golpe de Estado
En 2018 una variopinta coalición de conservadores, liberales,
ultraderechistas y supuestos progresistas sumió a Nicaragua en el caos y
el terror durante semanas. Bendecidos por el gobierno de Donald Trump y
la jerarquía católica local, lanzaron a las calles, por medio de
manipulaciones, a miles de personas, algunas de las cuales habían
cruzado la frontera desde otras regiones para tal fin, con el objetivo
de derrocar al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), en el poder desde 2007 tras sucesivas y contundentes victorias
electorales.
Entre abril y julio, los convocantes de dichas protestas paralizaron la
vida de los seis millones de nicaragüenses que residen en el país. Se
obstaculizó el tránsito normal por calles y carreteras a través del
levantamiento de barricadas, se asaltaron edificios gubernamentales, se
saquearon comercios y se destruyó mobiliario público y privado. Los
llamados tranques son un fiel reflejo del horror vivido. Tras las
improvisadas barricadas se cometieron crímenes difíciles de olvidar, con
la militancia sandinista como principal objetivo a batir. Centenares de
afiliados y dirigentes del FSLN fueron amenazados públicamente a través
de redes sociales, señalados por medio de la difusión de sus
fotografías y lugar de residencia, llegándose al extremo de producirse
secuestros, torturas y finalmente asesinatos.
En la larga lista de atentados cometidos por la «democrática oposición
nicaragüense», dos hechos sobresalen por el gran dolor que representan
para la nación: el asesinato de Bismark Martínez y el caso del Barrio
Carlos Marx. El primero de ellos hace referencia al secuestro, tortura y
asesinato de un dirigente sandinista, cuyo tormento fue transmitido a
través de redes sociales, no encontrándose su cuerpo hasta un año
después de su muerte. Pero la violencia golpista no se empeñó únicamente
contra la militancia de izquierdas sino que todo el pueblo fue objeto
de ella, siendo paradigmático el incendio de un edificio residencial en
el Barrio Carlos Marx de Managua en el que fallecieron calcinados seis
miembros de una misma familia.
Derrota del neosomocismo
Los intentos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para
resolver la disputa por una vía pacífica fueron frustrados. El ejecutivo
tuvo un gesto de buena voluntad retirando la ley de reforma del sistema
de pensiones que había motivado el estallido de las protestas pero nada
hacía parar a la dirigencia opositora, encorsetada en la renuncia del
presidente. Agotada la vía del diálogo, las autoridades del país
actuaron legítima y constitucionalmente para poner fin a la violencia en
las calles, que se cobró la vida de cerca de 300 nicaragüenses,
acabando con los tranques y restituyendo la paz.
Derrotado el conato de rebelión, el gobierno democrático, constitucional
y, por tanto, legítimo, acometió la recuperación del daño sufrido: 298
víctimas mortales, 205 millones de dólares en pérdidas del sector
público, 231 millones de dólares en pérdidas del sector turístico, 525
millones en pérdidas en el sector del transporte, 7 mil millones de
córdobas (moneda nicaragüense) en reducción del presupuesto general de
la República y supresión de 119.567 empleos.
El fracaso del golpe de Estado no significó únicamente la destrucción de
una economía nacional en ascenso sino que en clave política se tradujo
en el reforzamiento del proyecto revolucionario del FSLN y la crisis,
desunión y desintegración de la oposición antisandinista. Bajo esta
correlación tan desigual de fuerzas se celebraron las elecciones
generales del 7 de noviembre, donde Daniel Ortega se impuso con el 75.92
% del escrutinio y 200.000 votos más de los obtenidos en 2016, a una
raquítica derecha dividida en cinco candidaturas.
Conocedores del fracaso que se avecinaba en los comicios de noviembre,
la oposición nicaragüense hizo un llamamiento a desconocer sus
resultados incluso meses antes de su celebración. Sabedores de que una
victoria electoral frente al sandinismo era imposible, trataron de
reorganizar sus fuerzas para lanzar una nueva ofensiva contra el FSLN
pero una vez más fueron derrotados y la trama quedó desarticulada antes
de empezar a operar. Los principales dirigentes del golpismo
neosomocista fueron detenidos o huyeron del país ante las evidentes
pruebas de malversación de fondos para financiar la desestabilización de
cara al trascendental mes de noviembre. El imperio mediático trató de
presentar el encarcelamiento de dichos líderes como un caso de represión
a la libertad política, cuando no era más que lucha contra la
corrupción y el golpismo.
Juicio a los autores intelectuales del golpe de Estado
Nicaragua vive ahora una coyuntura política de especial relevancia.
Pasados casi cuatro años del fallido golpe de Estado que, con
financiación y coordinación estadounidense, les costó la vida a 298
nicaragüenses y quebró la economía nacional, sus autores intelectuales
son sentados ante la justicia para responder por sus crímenes contra la
nación.
¿Cómo refleja esta situación la prensa española? Con manipulación y un
silencio que la convierte en cómplice del dolor y del sufrimiento
causado al pueblo de Nicaragua. Con El País como ariete de esta nueva
campaña mediática, tratan de retratar a Daniel Ortega como un líder
autoritario y un sátrapa de nuevo cuño mientras que sus detractores son
presentados como auténticos «adalides de la libertad». Nada más lejos de
la realidad. Así nos encontramos, por ejemplo, el caso de Cristiana
Chamorro, hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro y
flamante presidenciable de la derecha nicaragüense, cuya precandidatura
fue retirada de la lid política no por representar una amenaza para el
FSLN sino por ser una gran «lavandera» de dinero norteamericano a través
de la fundación que lleva el nombre de su madre. Dinero que
posteriormente hubiera sido utilizado para financiar una nueva espiral
de violencia contra el gobierno de Ortega.
Los juicios en Nicaragua no son resultado de una desenfrenada represión
política sino de la justa defensa de un Estado que trata de hacer
justicia con el trauma vivido entre abril y julio de 2018.
