Ha sido una semana agitada en Nicaragua. El gobierno sandinista ha sido acusado de «restricciones indebidas» a la libertad religiosa, detenciones arbitrarias, intimidaciones, malos tratos en las cárceles y ataques contra los pueblos indígenas. El 5 de septiembre, el gobierno sandinista liberó –según fuentes estadounidenses– a 135 «presos políticos».
Por Lorenzo Poli, agencia internacional "Pressenza"
Crece la preocupación por la recién aprobada reforma del Código Procesal Penal en Managua, mientras el gobierno sandinista vuelve a pedir al Parlamento cambios para reforzar el papel de la Policía Nacional. Lejos de la propaganda antisandinista y de la narrativa dominante en Occidente, tratamos de entender qué está pasando en Nicaragua y si las actuales reformas son formas de «represión codificada», de «restricción indebida» o si son algo más. Hablamos de ello con Fabrizio Casari, periodista, analista internacional, director de Altrenotizie.org y profundo conocedor de América Latina y Nicaragua, donde vivió tres años.
El otro día, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU registró «restricciones indebidas» a la libertad religiosa por parte del gobierno de Ortega. ¿Acusación fundada – en la muy católica Nicaragua – o acusación política?
Es una acusación política, como es tradición de este organismo hacia Managua. Digamos que la coincidencia de opiniones entre esta comisión de la ONU y el Departamento de Estado norteamericano en los últimos 17 años es constante. Nicaragua no experimenta ninguna restricción a la libertad religiosa, sería insensato incluso pensarlo en un país con una tasa de religiosidad cercana al 93%.
Pero entonces, ¿cuáles serían las restricciones indebidas? ¿Parar la financiación pública de la Iglesia? ¿Pedir a la jerarquía eclesiástica que cumpla las leyes vigentes? ¿Cumplir las normas que rigen las actividades de las organizaciones – de todo tipo – que realizan actividades públicas en el país? ¿Y por qué atribuir a la Iglesia católica prerrogativas diferentes y superiores a las que se aplican a todos?
Lo que aleja a los fieles de la Iglesia es haberla convertido en un partido de oposición al Gobierno, que incluso después de 2018 – cuando la jerarquía eclesiástica dirigió la intentona golpista – continuó con su proselitismo antisandinista. Pero si uno quiere hacer política, funda un partido con personalidad jurídica propia. Utilizar las creencias religiosas y la buena fe de los creyentes para organizar frentes políticos de carácter subversivo no está permitido. Al menos no en Nicaragua.
Lo desconcertante es, como siempre, la duplicidad de la corriente dominante: en Ucrania, Zelensky anula la libertad de culto y prohíbe la fe cristiana ortodoxa, pero allí callan y las acusaciones de persecución religiosa van a Nicaragua. En Venezuela, EEUU y la UE defienden al opositor González, que en los años 80 desde la embajada de Caracas en San Salvador, por encargo de la CIA, colaboró con los ‘escuadrones de la muerte’ que asesinaron a Monseñor Romero, así como a monjas y jesuitas. También en este caso, silencio de la Iglesia. Parece que sólo cuando hay que hablar de Nicaragua no puede faltar la hipocresía y la doble moral.
Los principales medios de comunicación y las agencias de noticias han hablado de detenciones arbitrarias, intimidación, malos tratos en las cárceles y ataques a los pueblos indígenas. ¿Qué sabemos al respecto?
No tengo noticias de detenciones arbitrarias, en cambio recuerdo nada menos que dos amnistías promulgadas hacia quienes cometieron crímenes horrendos en 2018. En cuanto a los pueblos indígenas, lo que señalas son mentiras. Nunca en su historia las comunidades indígenas han gozado de tanta inclusión, de tantos derechos, nunca han sido tan respetados en sus tradiciones y costumbres y, al mismo tiempo, tan representados y protagonistas en el proceso de crecimiento de la Región Autónoma y de todo el país. Basta ver los resultados electorales en el área del Caribe para darse cuenta del grado de adhesión al Sandinismo.
Quiero agregar que Valdrack Jaentschke, que es afrodescendiente de la Costa Caribe de Nicaragua, acaba de ser nombrado Ministro de Relaciones Exteriores. El primer canciller afrodescendiente en la historia del país. La verdad es que el FSLN, como partido y como gobierno, históricamente, ha sido el único que se ha ocupado de las condiciones de los pueblos que viven en la Costa Atlántica, con la voluntad de aferrarse firmemente a las raíces de la nación y a su propia proyección de futuro, y esto marca una diferencia abismal con lo que ocurre en la mayor parte del subcontinente.
El 5 de septiembre, el gobierno sandinista liberó –según fuentes estadounidenses– a 135 «presos políticos». El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, declaró que habían sido liberados por razones humanitarias y trasladados a Guatemala, donde ahora podrán solicitar la entrada en Estados Unidos o en otros países. Eric Jacobstein, el jefe del departamento estadounidense que los recibió en Guatemala, dijo que muchos de ellos habían sido encarcelados por motivos irrisorios y que algunos habían sido torturados. ¿Verdad establecida o propaganda?
No ha habido incidentes de tortura o malos tratos a detenidos en Nicaragua desde 1979, cuando el sandinismo derrotó a la Guardia Nacional de Somoza. Los hay, por el contrario, hasta el día de hoy, en Estados Unidos (desde Abu Ghraib hasta Guantánamo).
Nicaragua tiene una ley contra la tortura y los malos tratos a los detenidos (Ley 641), mientras que es Italia la que se niega a adoptar las Convenciones Internacionales Contra la Tortura. Así que si la credibilidad de una denuncia pasa también por la del denunciante, la de los medios de comunicación italianos es propaganda barata. ¿Los «motivos irrisorios» de los que habla Jacobstein? Sólo lo son porque los crímenes tuvieron lugar en Nicaragua; en EEUU no los llamarían “risibles”, porque las penas serían infinitamente más duras y no estaría prevista la posibilidad de elegir entre pasar toda la vida en la cárcel o hacer una nueva vida en otro país.
El 4 de septiembre, el Parlamento nicaragüense aprobó por 88 votos a favor y 91 en contra la enmienda para perseguir a las personas físicas o jurídicas –incluidos los extranjeros– que cometan delitos fuera del territorio nacional contra la administración pública, el Estado y sus instituciones, incluidos los delitos informáticos. ¿De qué va todo esto? ¿Hay Estados occidentales que tengan una normativa mucho más estricta?
La mayoría de los países del mundo persiguen los delitos cometidos fuera de su territorio nacional. Lo hacen con la ayuda de los organismos internacionales competentes. ¿Por qué no debería hacerlo Nicaragua? Entre otras cosas, esto parece ampliamente justificado por los acontecimientos que tuvieron lugar en 2018 y los (aplastados) intentos de repetirlos después. Los centros de decisión de las operaciones de desestabilización contra Nicaragua están en el extranjero, al igual que varios exponentes de las tramas golpistas, y el hecho de que operen desde el exterior no resta gravedad a los delitos.
Pero el sentido de las actualizaciones legislativas se centra en aspectos aún más amplios, aunque a veces relacionados con los intentos de desestabilización. Nicaragua, por su situación geográfica, es un terreno atractivo para el narcotráfico y el crimen organizado, y estas organizaciones gozan de gran tamaño, peso y apoyo internacional. Pero las operaciones de narcotráfico y tráfico de personas, al igual que el blanqueo de dinero, sólo funcionan en Estados complacientes o carentes de prevención y represión de estos delitos. Por otro lado, es bien sabido que Nicaragua es un verdadero muro de contención contra delitos de esta naturaleza y que la protección de sus fronteras es un asunto muy serio para Managua.
Por Nicaragua pasan ideas, no delitos. Su capacidad para patrullar el área de responsabilidad del Caribe y la frontera con otros países centroamericanos ha convertido al país en un objetivo complicado para los criminales; lo dice el Pentágono, no yo. Pero no se puede subestimar el poder, la disponibilidad de medios y el alcance internacional de las organizaciones criminales: lo que hace falta es actualizar constantemente los instrumentos legislativos de prevención y represión.
Lo mismo ocurre con el blanqueo de dinero. Managua se toma muy en serio las operaciones de blanqueo de dinero: es muy consciente de que Nicaragua puede ser tanto tránsito como destino de estos delitos financieros. Se ha adherido al Grupo de Países para Combatir el Blanqueo de Capitales (GAFI) y las actualizaciones de su marco normativo responden a las recomendaciones de la última sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del 27 de octubre de 2023. Pero parece que en un momento en que Managua se está dotando de los instrumentos legales más adecuados para combatir eficazmente la actividad delictiva, hay objeciones. Extraño, ¿no?
También hay un aspecto que tiene que ver con los delitos relacionados con el uso delictivo de la Red. Los ciberdelitos tienen una importancia fundamental para toda la comunidad internacional, prueba de ello es que todos los países han adaptado sus respectivos códigos penales y civiles para hacerles frente o, en todo caso, para no dejarlos impunes. Es desde el exterior desde donde atacan los trolls, los boots y las fake news, y es en el exterior, por tanto, donde hay que estar alerta. La interconexión de sistemas y el control tecnológico sobre el funcionamiento de los ganglios vitales de cualquier nación (telecomunicaciones, transporte, salud, redes eléctricas y acuíferos, hidrocarburos, puertos, aeropuertos, etc.) es un área de máxima atención por la vastedad y profundidad de los daños que puede causar en la organización del tejido de un país. Por lo tanto, es obvio que Nicaragua no permite la impunidad de quienes, aunque sea desde el extranjero, atenten contra ella. Y esto se aplica a todo tipo de delitos. Repito: es un tema común en todos los países del mundo y todos se organizan de la misma manera con los mismos cambios legislativos.
Lo que se ha aprobado es un conjunto de normas encaminadas a proteger la seguridad nacional de Nicaragua y la paz interna tan trabajosamente recuperada. En todo caso, lo que hay que destacar es el aspecto comparativo, que sigue haciendo que Managua sea infinitamente más indulgente en la aplicación de penas que la mayoría de los países que critican a Nicaragua pero que tienen penas infinitamente más duras para los mismos delitos en sus códigos penales y civiles. Por lo tanto, a menos que se quiera establecer que Nicaragua debe ser el único país sin derecho a defenderse, hay que reconocer la corrección sustancial de su sistema legislativo. Que en buena parte ve actualizaciones de leyes aprobadas por gobiernos liberales al servicio de EEUU, sólo que entonces –he aquí– no suscitaban polémica.
Ortega solicitó al Parlamento la cuarta reforma del Código Procesal Penal nicaragüense sobre el papel de la Policía Nacional. Los medios occidentales hablan de una reforma liberticida que daría libertad a la policía para «allanar, incautar equipos electrónicos e informáticos y solicitar a las compañías telefónicas información digital (llamadas, mensajes de texto y voz, geolocalización) de las personas investigadas sin necesidad de orden judicial». ¿Es esta noticia relevante para el reglamento, o una inferencia engañosa sobre su contenido?
Es divertido que la prensa proestadounidense se fije en los posibles abusos policiales en Nicaragua y no se pregunte por las 1247 víctimas inocentes de la policía estadounidense sólo en 2023. No hay abusos policiales en Nicaragua, lo que después de todo el bajo índice de criminalidad y su propia naturaleza de cuerpo comunitario parecen descartar teóricamente. Nicaragua no es Chile ni Argentina, tampoco Ecuador, Brasil o El Salvador.
El artículo 8 de la Ley 1205 de junio de este año, que actualiza la normativa anterior en materia de lucha contra el crimen organizado, el lavado de dinero y la financiación de armas de destrucción masiva, prevé una mayor agilidad de coordinación entre las diferentes estructuras nacionales en los procesos de investigación policial y judicial, así que nada que ver con lo que informan los medios atlantistas. En Nicaragua, como en todas partes, el poder legislativo adapta las leyes a los cambios del contexto. Lamentablemente, quienes denuncian el supuesto endurecimiento del sistema de garantías son los mismos que lo impulsan promoviendo la desestabilización; esto genera un mayor y constante monitoreo para adaptar el código y las leyes a la tipificación de delitos que muchas veces son de naturaleza exógena.
Razonar sobre el garantismo legislativo de un Estado sólo puede hacerse si se analizan todos los Estados y con la misma lente, de lo contrario es especulación política. En la vena del garantismo –siempre respetable– sería bueno que los medios oficiales se ocuparan de la Patriot Act estadounidense, en comparación con la cual las leyes nicaragüenses son protestas pedagógicas. Si hay una legislación que reduce a la insignificancia burocrática el trabajo de la fiscalía es la de EEUU. Donde la policía, a diferencia de lo que ocurre en sus series de televisión, sólo necesita pronunciar las palabras «seguridad nacional» para archivar inmediatamente el habeas corpus y todo el sistema de garantías procesales en contra de los individuos, sea de EEUU o de cualquier otro país. Así pues, si este sistema puede justificarse, resulta éticamente imposible acusar a Nicaragua o a cualquier otro país que, con infinitamente menos medios, tenga que hacer frente a la desestabilización provocada por la mayor potencia del mundo. Luego está el aspecto más curioso: a todo el mundo se le pide uniformidad sistémica ante Estados Unidos como demostración de valores democráticos, pero no sobre las normas de defensa de la seguridad nacional. Ese es un asunto que sólo les compete a ellos.
Lo cierto es que Nicaragua está sometida a presiones e injerencias que no siente que tenga que facilitar sino contrarrestar. La ansiedad norteamericana por el dominio de Nicaragua es una obsesión histórica pero tremendamente actual, de la que podremos hablar largo y tendido en otra ocasión. Mientras tanto, registramos la iniciativa desestabilizadora de Estados Unidos en el continente, que los lleva a intervenir fuertemente con continuos intentos golpistas en Venezuela, pero no sólo. Los Presidentes de México, Colombia, Bolivia y Honduras denuncian maniobras golpistas e injerencias indebidas que confirman las amenazas de la General Laura Richardson, Jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sobre el retorno forzado de las riquezas latinoamericanas a manos norteamericanas.
En resumen, el panorama general sugiere que la reconquista de Argentina, Chile y Ecuador es sólo la base desde la que EEUU intenta lanzar su ataque contra las democracias socialistas del continente. Intentan tomar por la fuerza lo que no tienen pero a lo que aspiran: recursos e independencia. Me gustaría, de vez en cuando, leer en nuestros medios artículos que critiquen la intromisión golpista en América Latina y no la respuesta para contenerla.
