El presidente Trump acaba de cerrar USAID después de que Elon Musk la tachara de “organización criminal”, añadiendo que “es hora de que muera”. Hay algo de cierto en la acusación de Musk?
Por John Perry (*), Covert Action Magazine
Uno de los “beneficiarios” de la USAID es Nicaragua: entre 2014 y 2021, USAID gastó 315.009.297 dólares en proyectos. Los observadores desinformados podrían suponer que este dinero ayudó a las comunidades pobres, pero se equivocarían. La mayor parte se gastó tratando de socavar el gobierno de Nicaragua, y en el proceso dio lucrativos contratos a consultorías estadounidenses y a algunas de las familias más ricas de Nicaragua.
USAID lleva décadas trabajando en Nicaragua, pero este artículo se centra en el periodo 2014-2021. La historia no es agradable. El elemento clave es el papel de la agencia en el intento de golpe de Estado contra el Gobierno sandinista de Nicaragua en 2018 y, posteriormente, en el intento de perturbar las elecciones generales del país en 2021. Información detallada ha sido revelada por sitios web como Nicaleaks, Tortilla con Sal y Behind Back Doors, pero después de 2021 muchas de las organizaciones “no gubernamentales” locales que USAID financió fueron cerradas (voluntariamente en algunos casos, en otros tras resoluciones del parlamento de Nicaragua). En los últimos años, las operaciones de la agencia, al menos en Nicaragua, se han vuelto más oscuras.
La última gran operación que salió a la luz pública, a través de un documento filtrado, se llamó “RAIN” (“Responsive Assistance in Nicaragua”). Si le preguntas al asistente de inteligencia artificial de Google, Search Labs, qué es, te dirá que proporciona ayuda rápida en respuesta a desastres naturales. Pero no hace nada de eso. Empezó con un programa de 2 millones de dólares en 2020-2022 para intentar que los sandinistas fueran derrotados en las elecciones de 2021. El contrato, activo hasta hace poco, consta ahora con un valor de 5 millones de dólares y fue prorrogado al menos hasta abril de 2024.
El contrato RAIN fue adjudicado al Grupo Navanti, una de las muchas grandes consultoras que se han beneficiado de los proyectos nicaragüenses de USAID. Binoy Kampmark señaló recientemente en Counterpunch que nueve de cada diez dólares gastados por USAID van a un número limitado de consultorías, la mayoría con sede en Washington. Ya en 2023, New Lines Magazine comentó que “USAID y su enorme presupuesto han estimulado una red de empresas, grupos de presión, académicos y personal logístico que dejaría de existir sin la financiación del gobierno”.
Una de estas empresas es Creative Associates International, una compañía descrita por Alan MacLeod en Mintpress News como “una de las organizaciones no gubernamentales más grandes y poderosas que operan en cualquier parte del mundo”, su trabajo de cambio de régimen ha tenido lugar en Cuba, Venezuela y otros lugares, en su mayoría marcados por el fracaso. Solo en Cuba recibió 1.800 millones de dólares de USAID. Luego, entre 2018 y 2020, Creative Associates recibió 7,5 millones de dólares en proyectos en Nicaragua. Uno de ellos, denominado TVET SAY,consistía en capacitar a jóvenes líderes políticos de la oposición en ciudades de la costa caribeña de Nicaragua para que pudieran relacionarse más eficazmente con líderes empresariales opuestos al gobierno.
Manuel Orozco, organizador nicaragüense de la intentona golpista de 2018, se convirtió más tarde en director de Creative Associates. Ahora con sede en Washington, la última vez que planeó visitar Nicaragua en junio de 2021, USAID le aconsejó que cancelara su viaje, ya que corría el riesgo de ser arrestado por su papel en el golpe. Poco después fue acusado formalmentede conspiración por la fiscalía nicaragüense.
Otra gran empresa, Dexis, que tenía 144 millones de dólares de nuevos contratos con USAID en 2024, dirigió un “Programa de fortalecimiento institucional” de 9 millones de dólares en Nicaragua entre 2013-2018. Su objetivo era ayudar a los líderes de la oposición a movilizarse y a realizar campañas mediáticas. En 2023, USAID auditó los contratos de Dexis y encontró más de 41 millones de dólares de costes no elegibles o no justificados.
Dexis subcontrató el trabajo nicaragüense a otra empresa estadounidense, Chemonics, que tiene 6.000 empleados (“compañeros de equipo”) y es el mayor contratista de USAID. Recibió adjudicaciones por bastante más de 1.000 millones de dólares tanto en 2023 como en 2024, a pesar de las fuertes críticas a su trabajo anterior, por ejemplo enHaití. El fundador de Chemonics dijo al New York Times en 1993 que creó la empresa para “tener mi propia CIA”.
Dos consultoras estadounidenses tenían contratos de USAID para promover la opinión antisandinista e inculcar prácticas antigubernamentales. DevTech Systems, una empresa que recibió 45 millones de dólares en contratos de USAID en 2024, dirigió un proyecto educativode 14 millones de dólares en la costa caribeña con estos objetivos, de 2013 a 2019. Global Communities, dos tercios de cuyos ingresos (248 millones de dólares en 2023) proceden del gobierno estadounidense, ejecutó un programa similar de 29 millones de dólares.
Otra gran consultora, International Research and Exchange Board (IREX), estrechó lazos con una de las familias más ricas de Nicaragua, los Chamorro. IREX cuenta con 760 empleados en todo el mundo y más del 80% de sus ingresos, que ascienden a 155 millones de dólares, proceden del gobierno estadounidense. Llevó a cabo programas de “fortalecimiento de los medios de comunicación” en Nicaragua por valor de 10.300.000 dólares. Ticavisión, un canal de televisión costarricense, informó recientemente de que USAID está investigando el uso indebido de 158 millones de dólares asignados a través de IREX a proyectos nicaragüenses, incluido éste. El dinero se destinó a varios conocidos periodistas nicaragüenses, ahora afincados en el extranjero, entre ellos Carlos Fernando Chamorro, de Confidencial.
La familia Chamorro, propietaria del diario La Prensa y del medio digital Confidencial, fue la principal beneficiaria de USAID en Nicaragua. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro lleva el nombre de la expresidenta y está dirigida por su hija, Cristiana Chamorro. Recibió 7 millones de dólares de fondos de USAID para promover plataformas mediáticas de la oposición, incluidas las que son propiedad de la familia. De esta cantidad, desembolsó sumas más pequeñas – normalmente 40.000 dólares cada una – a otras organizaciones de medios de comunicación, como 100% Noticias y varios canales de radio y televisión. Pero el grueso del dinero se lo quedaban los Chamorro.
Todos los medios que recibieron dinero eran abiertamente antisandinistas. En 2018, el dueño de 100% Noticias, Miguel Mora provocó un violento asalto incendiario contra Radio Ya, de apoyo sandinista, del que los periodistas apenas salieron con vida. Más tarde le dijo a Max Blumenthal, de The Grayzone, que Estados Unidos debería haber intervenido militarmente para destituir al gobierno nicaragüense. Mora fue recibido más tarde en la Casa Blanca por el entonces vicepresidente Mike Pence.
Otra organización de Chamorro, el thinktank FUNIDES, fue supuestamente creado por USAID y recibió 3.699.221 dólares para ejecutar proyectos de investigación antigubernamentales. Su director era Juan Sebastián Chamorro (primo de Cristiana y Carlos).
Otro thinktank de Chamorro, CINCO, dirigido por Carlos Fernando y la activista de la oposición Sofía Montenegro, recibió 3.247.632 dólares. Existen numerosas pruebas de la estrecha relación entre los Chamorro, Montenegro y funcionarios estadounidenses. Por ejemplo, Montenegro recibió dinero directamente de USAID y también fue fotografiada en la embajada estadounidense; la representante de USAID Deborah Ullmer se reunió con Juan Sebastián Chamorro en octubre de 2018 para discutir por qué el intento de golpe había fracasado. Juan Sebastián era entonces jefe de uno de los principales partidos políticos de la oposición, la Alianza Cívica.
En total, se calcula que los Chamorro se beneficiaron personalmente de 5.516.578 dólares del gobierno estadounidense. En 2022, Cristiana Chamorro fue declarada culpable de lavado de dinero (su condena de ocho años fue conmutada por arresto domiciliario; al cabo de unos meses se le concedió asilo en Estados Unidos).
Luciano García Mejía, un acaudalado miembro de la familia del exdictador Anastasio Somoza, fue otro de los beneficiarios de los dólares de Washington. Dirigió otro grupo de presión política, Hagamos Democracia. Estaba financiado en parte por USAID, pero principalmente (con 1.114.000 dólares) por la CIA. Hagamos Democracia llamó abiertamente a cometer actos criminales durante el intento de golpe, reclutó a conocidos criminales y amenazó directamente al Presidente Ortega para que “vele por su seguridad y la de su familia y se marche sin más repercusiones”.
Otros nicaragüenses acaudalados que recibieron dinero de USAID fueron Mónica Baltodano, quien, a través de su Fundación Popol Na, recibió 207.762 dólares. Asimismo, el Movimiento por Nicaragua de Violeta Granera recibió 803.154 dólares. Ambas eran líderes de la oposición; Granera pidió más tarde sanciones estadounidenses contra Nicaragua.
USAID no solo financió y supervisó activamente la insurrección de 2018 mientras se desarrollaba, sino que, una vez que se dio cuenta de que el golpe había fracasado, comenzó a socavar las elecciones de 2021. Este fue otro fracaso, pero la actual descripción de Nicaragua por parte de los medios corporativos como una “dictadura” o un “régimen autoritario” se debe en gran parte al trabajo de la “agencia de ayuda” del gobierno estadounidense.
Muy poco del trabajo de USAID en los últimos once años benefició a los nicaragüenses de a pie. En su lugar, millones de dólares fueron esquilmados por ricos consultores en Washington y ricos oligarcas en Nicaragua. Las pruebas del fraude proceden principalmente de investigaciones del gobierno nicaragüense pero, como se señala en los ejemplos de este artículo, encajan en un patrón de generosidad del gobierno estadounidense con una rendición de cuentas limitada y abundantes pruebas de malas prácticas.
Esta es solo una pequeña parte de la historia en la que la agencia gastó 315 millones de dólares en entrenar y financiar a los líderes de la oposición nicaragüense que coordinaron la violencia y la criminalidad del intento de golpe de Estado de 2018. Al menos en Nicaragua, la evidencia podría decirse que apoya la afirmación de Musk de que USAID es “una organización criminal”.
(*) John Perry reside en Masaya, y escribe para el Consejo de Asuntos Hemisféricos, London Review of Books, FAIR y otros medios.
