Por Miguel De Castilla Urbina
El sandinismo gana las elecciones de noviembre del 2006, debido entre otras, a las promesas de continuidad de los grandes hitos de la Revolución, especialmente en el campo educativo, entre los que sobresalían la continuación de la gran Cruzada Nacional de Alfabetización, la gratuidad de la educación, la atención prioritaria a la educación de la primera infancia, etc.
El día de la toma de posesión del presidente electo y de su gabinete de gobierno fue el miércoles 10 de enero del año 2007. Al día siguiente, el jueves 11, en un Acto masivo el nuevo Gobierno dio a conocer varios Acuerdos Ministeriales que mandaban a dejar sin efecto numerosos acuerdos y decretos que servían de base al modelo privatizador de negación del Derecho a la Educación en Nicaragua.
En este contexto, se hizo público el Acuerdo Ministerial No. 017-2007, donde se revoca y deja sin ningún efecto legal todos aquellos acuerdos ministeriales, convenios de autonomía, manuales, normativas y demás disposiciones que se emitieran antes de la publicación de la Ley de Participación Educativa (Ley 413), referidos al modelo de autonomía escolar en los centros educativos públicos.
Igual en el Acuerdo Ministerial 017-2007, se contemplaba: Modificar el Régimen de Transferencia Presupuestaria a los centros educativos, para descontinuar progresivamente las transferencias de fondos a cuentas bancarias, con la cual se pagaba la planilla de personal, servicios básicos, gastos operativos, pagos del INSS y abastecimiento de materiales de oficina, didácticos y de limpieza.
Delegar en los padres y madres de familia la administración de actividades que generen recursos económicos en los centros educativos públicos, tales como actividades extraescolares en apoyo a las actividades educativas, servicios de cafetería (bares, kioscos, cafetines). Patrocinios de cualquier organización que desee colaborar para satisfacer las necesidades materiales y físicas de los centros escolares públicos, lo que debe ser en especies y coordinado con las Asociaciones de Padres de Familia de cada Centro.
Con la anterior disposición lo que se pretendía era que directores y maestros dejaran en manos de madres y padres de familia el manejo del dinero; para que los educadores no se involucraran más en cuestiones financieras y centraran su atención en lo educativo y académico y lo sustantivo.
Promover una supervisión escolar permanente para garantizar el Derecho Constitucional a la educación, y así iniciar la desaparición de la cultura del cobro, del lucro, la usura y del dinero en los centros educativos públicos del país. Acreditar Procuradores Escolares Voluntarios, investidos por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), para supervisar que se cumpla con el acceso y la permanencia gratuita en los centros educativos.
Un análisis de la Dirección Administrativa Financiera del MINED, de agosto del 2007, concluyó que las medidas implementadas referidas a la gratuidad de la educación, permitieron valorar el impacto económico de la misma, ya que se calculaban en cerca de 180 millones de córdobas en ahorro de las familias nicaragüenses, que ya no tenían que pagar cuotas de entre 10 y 50 córdobas mensuales en Primaria y Secundaria, respectivamente. También en ese estudio se reconoce que centralizar las contrataciones del personal y el ingreso a nómina fiscal, trajo consigo estabilidad laboral, el derecho a prestaciones sociales de ley y la inclusión en el convenio colectivo, de los educadores que antes estaban bajo el régimen de autonomía y no gozaban de esos derechos.
La autonomía escolar recibía transferencias anuales por el orden de los 1,400 millones de córdobas y era tal la corrupción, que sólo en el 2006 se transfirieron más de 12 millones de córdobas por causas de alteraciones de datos estadísticos de matrícula.
Las medidas tomadas para eliminar el modelo administrativo financiero conocido como Autonomía Escolar en Nicaragua, solamente fueron la puerta de entrada a la lucha por reconstruir el gozo pleno del derecho a una educación de calidad para la población empobrecida en Nicaragua, de esta manera, en la misma actividad política en la que se firmaron los acuerdos que ponían fin al modelo privatizador, y como para que no quedara duda hacia donde se orientaría la nueva política educativa, se firmó un convenio con la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador, para darle continuidad a la campaña de alfabetización en las regiones empobrecidas fronterizas del Mar Caribe.
La eliminación del modelo de la Autonomía Escolar en Nicaragua, significó no sólo la firma y puesta en marcha de acuerdos ejecutivos, lo que generó no sólo la realización de múltiples actividades a nivel central, territorial e institucional, sino que la realización de batallas de tipo cultural e ideológicas en cada territorio y cada centro educativo, y hasta con padres y madres de familia, que en muchos lugares se habían coludido con directores y directoras de centros escolares y sindicatos del magisterio de orientación liberal para hacer de las escuelas verdaderos centros comerciales y de negocios.
El 11 de enero de 2007 fue el día que abrió las puertas a la nueva educación. Desde entonces los 11 de enero de cada año es el Día Nacional de la Educación en Nicaragua. A partir de esa fecha múltiples cambios e innovaciones impulsadas por el Gobierno Sandinista, han provocado la elevación del acceso y la calidad de la educación y los aprendizajes de la población nicaragüense. En próximos artículos iremos contando esa historia.
