Los vientos y las aguas que trajeron dos intensos huracanes tropicales en noviembre abrieron otra herida económica en Nicaragua, cuando intentaba salir a flote de un año 2020 definido en el planeta por la pandemia de Covid-19.
Por Francisco G. Navarro */PL
Y eso sin haber curado aún las lesiones del intento golpista de 2018.
El 3 de noviembre Eta con membrete de categoría cuatro en la escala Saffir-Simpson de cinco y 13 días más tarde Iota que elevó su potencia al máximo nivel de la gradación, azotaron al país más extenso de Centroamérica.
Para más saña el impacto de ambos huracanes con tierra firme ocurrió casi por el mismo sitio de la costa caribeña, en el extremo noreste del territorio nacional, la zona más necesitada de un país considerado entre los tres más pobres de Latinoamérica.
El muchas veces considerado frío lenguaje de los números esta vez tradujo el desastre del par de huracanes ‘griegos’ en pérdidas superiores a los 742 millones de dólares.
Un tajo del tamaño del 6.2 por ciento del Producto Interno Bruto en una ya sangrante economía, sobre la cual recaen además presiones políticas desde Washington y Europa tendientes a torpedear posibles préstamos internacionales.
A la hora de evaluar el impacto brutal de los organismos tropicales sucedidos en la etapa tardía de la temporada ciclónica, el Gobierno destacó que ninguno de los dos provocó pérdidas humanas de manera directa, es decir debido a la fuerza de los vientos.
Las dos personas fallecidas en el contexto de Eta encontraron la muerte en el derrumbe de una mina artesanal, calamidad muy recurrente en este país centroamericano.
El saldo fatal de Iota superó la veintena de víctimas, en todos los casos asociadas a deslizamientos de tierra y crecidas de ríos, en sitio muy alejados de la ruta de los vientos.
Nicaragua cuenta con un sistema de protección ante desastres naturales eslabonado desde el nivel de país hasta las más remotas comunidades.
Y el ente estatal a cargo de esa función, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) realiza anualmente cuatro ejercicios de protección de la vida que entrenan a la población para actuar en situaciones de emergencia.
En estas ocasiones tampoco hubo espacio para la casualidad, con suficiente tiempo de antelación el Ejecutivo decidió el traslado hacia la zona del posible impacto, de recursos humanos y materiales para mitigar el daño.
Anticipación fue la palabra de orden en la estrategia diseñada por las autoridades para enfrentar el paso demoledor de los dos organismos tropicales.
Toneladas de alimentos y otras vituallas necesarias para la emergencia fueron situadas en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN) y el Triángulo Minero cuando aún los huracanes solo eran gérmenes de desgracia en las calientes aguas del mar Caribe.
Al propio tiempo el Gobierno decidió dislocar equipos y tecnologías especializados para acometer la restauración de los servicios de telecomunicaciones, electricidad y agua potable a la mayor brevedad tras el azote de los ciclones.
El Ejército de Nicaragua trasladó desde un primer momento su Unidad Humanitaria de Rescate hacia la ciudad de Bilwi (o Puerto Cabezas), cabecera de la RACN, y el principal núcleo urbano del país dañado primero por Eta y luego por Iota.
La Policía Nacional hizo lo propio con el traslado provisorio de cientos de efectivos hacia las áreas del desastre.
Ambos cuerpos uniformados tuvieron a su cargo las tareas de evacuación hacia lugares seguros de comunidades enteras que habitan en sitios de inminente peligro.
Providencial resultó la evacuación de la población itinerante de los Cayos Miskitos, pescadores que viven en cabañas improvisadas.
En ese pequeño archipiélago, distante 80 kilómetros al noreste de Bilwi, el huracán Félix, de septiembre de 2007, causó una catástrofe cuando los pobladores se negaron a ser trasladados hasta tierra firme.
Una voz autorizada como la de Miguel Barreto, director para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), reconoció recientemente que la labor de anticipación de las entidades gubernamentales resultó ser un componente esencial para evitar la pérdida de vidas humanas en el área del impacto directo.
La temporada ciclónica de 2020 fue la más activa de la historia de la región caribeña, al sumar un total de 30 tormentas, de las cuales 13 se convirtieron en huracanes y de ellos seis intensos, más del doble del promedio anual en esos indicadores.
