Al general Augusto C. Sandino
cuando nos acercamos al 90 aniversario
de su partida a la inmortalidad.
Nicaragua
ha debido luchar en defensa de su soberanía casi desde el mismo momento
en que se constituyó como república independiente. Desde la invasión
británica de 1847 a su costa Caribe, y al año siguiente a San Juan y la
isla del Tigre en el Golfo de Fonseca como expresión de la pugna con
Estados Unidos para apoderarse de la estratégica región, pasando por las
tres expediciones del filibustero estadounidense William Walker entre
1855 y 1860 para establecer una dictadura personal en el territorio
nacional hasta el intento de golpe de Estado de 2018, Nicaragua ha
debido encarar una larga lista de invasiones y amenazas a su soberanía.
Al
comenzar el siglo XX, en1909, en el marco de la política del “Gran
Garrote” y la “Diplomacia del Dólar”, el presidente estadounidense
William Taft propició un golpe de Estado contra el mandatario
nacionalista José Santos Zelaya. En ese contexto, Estados Unidos ocupó
Nicaragua en 1912 imponiéndole cuatro años después el tratado
Bryan-Chamorro que era expresión de un virtual protectorado sobre la
nación centroamericana. Las tropas yankis permanecieron en el territorio
nacional por 21 años hasta que el pueblo nicaragüense liderado por el
general Augusto C. Sandino los derrotó militarmente y los expulsó del
país.
Sandino
fue traicionado y asesinado en 1934, tras lo cual Washington instaló en
Managua una brutal dictadura dinástica encabezada por Anastasio Somoza y
sus hijos que fue defenestrada por la lucha del pueblo nicaragüense
conducido por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) el 19
de julio de 1979.
Antes,
durante los primeros días de julio de ese año, el “democrático”
presidente de Estados Unidos Jimmy Carter intentó escamotearle el
triunfo al FSLN, primero al desembarcar tropas en la ciudad de Liberia
al norte de Costa Rica a solo 75 km. de la zona de combate, para después
propiciar el apoyo de la OEA a una intervención militar en el país y
finalmente, tras la huida de Somoza el 17 de julio, pretender instalar
un régimen “somocista sin Somoza” a cargo de Francisco Urcuyo.
Ya
en el poder, la revolución sandinista se vio obligada a enfrentar una
guerra que le valió perder más de 50.000 ciudadanos como resultado de
acciones directas e indirectas de Estados Unidos durante el período que
transcurrió entre 1979 y 1990. El daño económico causado por la guerra
de Estados Unidos contra Nicaragua se estimó en 17 mil millones de
dólares.
Vale
repetir entonces que la historia de Nicaragua es una historia de lucha
por su sobrevivencia como nación independiente. Y en esa larga epopeya
han aprendido a conocer al enemigo – tanto al interno como al externo-
generando un sentimiento, un honor y orgullo del ser nicaragüense que le
ha permitido en los últimos años enfrentar exitosamente las nuevas
modalidades de intervención imperialista.
En
el pasado reciente, nuevamente Washington intentó derrocar al gobierno
democrático del país. ¿O es que acaso no nos han repetido durante 200
años que democracia es aquel sistema que emerge de las elecciones? El
pueblo nicaragüense, conducido por el FSLN ha aprendido a ganar los
comicios de la democracia representativa y haciendo uso de las
prerrogativas que le concede la autoridad del Estado insertas en la
Constitución Nacional, están defendiendo el legítimo poder adquirido.
La
nueva embestida imperial se produjo en abril de 2018. Una alianza de
delincuentes juveniles traídos de El Salvador junto a Organizaciones No
Gubernamentales (ONG), instituciones gremiales y de empresarios todas
bajo conducción de la Embajada de Estados Unidos, las de la Unión
Europea y la jerarquía de la iglesia católica y con el respaldo
financiero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) la Fundación Nacional para la Democracia y el
Instituto Republicano Internacional, todas instituciones al servicio del
gobierno de Estados Unidos, lograron atraer a un sector de la población
para realizar acciones violentas encaminadas a derrocar al gobierno en
un país que mostraba resultados económicos sobresalientes y los mejores
índices de seguridad de toda la región.
Una
vez controlados los incidentes que produjeron la muerte de 253
ciudadanos, cientos de militantes sandinistas torturados y heridos y
miles de millones de dólares en daños a la economía, el presidente
Daniel Ortega llamó a un diálogo que en el marco de la democracia
permitiera recobrar (una vez más) la estabilidad política, la
gobernabilidad democrática y la seguridad económica brutalmente
destrozadas en pocas semanas tras un largo camino de recuperación
iniciado en 2007. La gran mayoría se acogió a la demanda dialogante del
presidente, pero los que no lo hicieron, se tuvieron que enfrentar al
peso del Estado, de las leyes y de la firme institucionalidad del país.
Pilares fundamentales de ella son el Ejército Nacional de Nicaragua, las
fuerzas de seguridad y de orden público que, emergidas de la revolución
de 1979, garantizan como una firme columna vertebral, el cuerpo de la
nueva Nicaragua.
Gran
escándalo hicieron los medios de comunicación transnacionales cuando en
febrero del año pasado el gobierno sandinista decidió liberar y
expulsar del país a 222 personas que se hallaban detenidas por haber
recibido dinero directa o indirectamente de agencias del gobierno de
Estados Unidos a través de instituciones sin fines de lucro o empresas,
que se encargaban de administrar las agresiones estadounidenses contra
Nicaragua. Otros 92, la mayoría viviendo en el exterior, fueron privados
de su ciudadanía. Entre ellos, figuran muchos de los dirigentes y
activistas de la intentona golpista de abril de 2018 que en el momento
de su detención planeaban nuevas acciones terroristas para intentar
afectar el proceso eleccionario de 2021.
La
expulsión del país y la privación de la ciudadanía por acciones
delictivas son medidas aplicadas por la mayoría de los países
occidentales, incluido Estados Unidos. Desde 2010 el Reino Unido ha
privado de su ciudadanía a 767 personas. No se conoce que tales medidas
hayan sido repudiadas por ninguna ONG, tampoco se sabe nada acerca de la
denuncia por algún medio transnacional ni por ningún partido de la
izquierda tradicional latinoamericana o europea.
Mientras
esto ocurría, una misión del FMI -organización que se sabe, no es un
apéndice del comunismo internacional ni tiene su sede en Beijing o
Moscú- visitó Managua del 6 al 17 de noviembre de 2023 con el fin de
llevar a cabo la Consulta del Artículo IV de 2023. El equipo del FMI
informó que: “La economía de Nicaragua ha mantenido su resiliencia
frente a múltiples shocks gracias a políticas económicas adecuadas,
colchones considerables y apoyo multilateral”. El organismo
internacional tomó nota de que tras un fuerte repunte en 2021, el
crecimiento económico ha sido estable gracias al consumo privado y al
desempeño de las exportaciones desde 2022.
Al
momento de realizar su informe, la organización pronosticó para
Nicaragua un crecimiento del 4% en 2023 así como la desaceleración de la
inflación, superávit fiscal y amplios depósitos. En esa perspectiva
consideró que en 2024 y en el mediano plazo el país continuaría su
crecimiento económico en torno a un 3,5% anual soportado principalmente
por el consumo privado.
En
otros aspectos, la misión del FMI aseguró que las perspectivas
económicas eran favorables y que los riesgos estaban equilibrados. Sin
embargo, advirtió que podría haber sorpresas positivas reflejadas en un
crecimiento aun mayor del PIB debido a una recuperación más sostenida de
la demanda interna, incluida la inversión y a una entrada de remesas
más fuerte de lo previsto, especialmente en el corto plazo
La
misión del FMI , estuvo de acuerdo con la decisión del gobierno “de
seguir implementando políticas macroeconómicas prudentes -necesarias
para conservar la resiliencia y una gestión económica clara y
previsible- que respaldan el crecimiento a mediano plazo.
Finalmente,
elogió a las autoridades por su interés en fortalecer y salvaguardar la
sostenibilidad de las finanzas públicas y por el refuerzo a una
adecuada consolidación fiscal del país. De la misma manera. se mostraron
satisfechos con la estabilidad mostrada por el sistema financiero
privado que se encuentra bien capitalizado y tiene liquidez,
considerando que podría fortalecerse aún más.
En
otro plano, el FMI reconoció “los esfuerzos de las autoridades para
mejorar la transparencia fiscal” instando a que estos se mantengan para
mejorar la supervisión de los fondos públicos.
No
se ha sabido de que estos resultados hayan sido informados por ninguna
ONG, tampoco dados a conocer por algún medio transnacional, ni
festejados por ningún partido de la izquierda tradicional
latinoamericana o europea.
Más
de alguno debe estar pensando lo “peligroso” que resulta ser elogiado
por una organización tan “despreciable” como el FMI, lo cual no deja de
ser “sospechoso”. Otros pueden afirmar que eso se refiere a cifras macro
económicas que no significan mejoras para el pueblo humilde de
Nicaragua.
Pero,
hay que saber que los éxitos económicos de Nicaragua han permitido al
gobierno tomar medidas para mejorar los marcos de gobernanza y
anticorrupción al tiempo que ha elevado el nivel de vida de la
población. En este ámbito, la Procuraduría General de la República de
Nicaragua ha entregado más de 650.000 títulos de propiedad a otras
tantas familias nicaragüenses entre 2007 y 2023. Con esto, se ha
garantizado el bienestar de los ciudadanos más humildes al resguardar
para ellos y sus familias la seguridad jurídica que da la propiedad de
sus viviendas y tierras para el trabajo. En un esfuerzo sin precedentes,
el gobierno del FSLN ha titulado casi 500 mil hectáreas desde su
regreso al poder en 2007 destinando para ello 31 millones de dólares que
permitieron que el proceso fuera totalmente gratuito para los
beneficiarios, coadyuvando de esta manera también a la estabilidad y
tranquilidad de las familias.
En
otro orden, es importante saber que la economía nicaragüense se
encuentra en una dinámica expansiva “moderada pero sostenida” con
sólidos crecimientos de su PIB, llegando incluso a un 4,5% en 2023,
cifra que supera la propia previsión del FMI para ese año.
En
una entrevista para el medio ruso Sputnik en español, el presidente del
Banco Central de Nicaragua (BCN) Ovidio Reyes, y el diputado de la
Asamblea Nacional Wálmaro Gutiérrez explicaron que después del retroceso
producido por el intento de golpe de Estado de 2018 y la pandemia de
2020 a 2021, la economía del país entró en una dinámica de franca
recuperación y crecimiento. Ello se manifiesta en tres años consecutivos
de expansión de la economía lo cual ha tenido una clara incidencia en
“el comercio, en la circulación vehicular y en el movimiento de las
personas”.
Reyes
y Gutiérrez afirmaron que en Nicaragua se estaba observando un
dinamismo económico positivo de los sectores comercial, hotelero,
restaurantero, así como de las actividades financieras y la de
industria manufacturera, Aseguraron que el país ya tiene el “crecimiento
económico consolidado y el motor muy bien encendido". Según ellos, la
clave ha sido la reducción de la inflación registrada en 5,65% en
noviembre pasado, cuando al cierre de 2022 esta se posicionó en 11%.
Otras
cifras a destacar son el récord histórico en la acumulación de reservas
internacionales, que cerraron el año 2023 con alrededor de 5.300
millones de dólares así como la industria turística en alza.
Igualmente, Nicaragua finalizó el año con superávit presupuestario
debido al alza recaudatoria de impuestos directos e indirectos,
permitiendo garantizar el subsidio al combustible, el servicio de
energía y agua potable, al transporte colectivo de Managua y el Caribe, a
los jubilados y las universidades.
Para
el año 2024 se espera una inflación aún más baja, así como el
incremento de la inversión extranjera directa que viene al país confiada
en el buen manejo de la economía y altos índices de seguridad ciudadana
y jurídica para las inversiones. El país registró a octubre de 2023 un
crecimiento del 3% en las exportaciones valoradas en 3.449 millones de
dólares, mientras que las remesas familiares alcanzaron a octubre más de
3.800 millones de dólares. De la misma manera, se espera también la
reducción del desempleo para llevarlo hasta un 3-3,5%.
En
otro plano, vale decir que el éxito económico y el superávit en el
presupuesto han permitido tomar la decisión de consignar el 56.3% del
mismo para la inversión social: en salud el 21%, en educación el 21.7%,
en vivienda y servicios comunitarios 9%, protección social 3.5% y
recreación cultura y religión 1.1%.
Con
ello, el gobierno del FSLN encabezado por el Comandante Daniel Ortega
ha logrado revertir la tenebrosa situación en que dejaron al país los
gobiernos neoliberales que lo condujeron por 17 años hasta 2007.
Particular
importancia ha tenido la inversión que ha hecho el gobierno sandinista
en materia de salud. El programa de inversión pública se multiplicó por 5
en estos años, alcanzando 97 millones de dólares el año 2022 mientras
que el presupuesto del Ministerio de Salud se incrementó en 6,5 veces
llegando a aproximadamente 614 millones de dólares.
En
este sentido, el gobierno sandinista ha emprendido su programa de salud
en tres vértices: la construcción de una nueva infraestructura
hospitalaria y de atención primaria, la modernización de las existentes y
la red comunitaria de apoyo.
El
periodista argentino Alberto Más, en un artículo publicado en el portal
“Acercándonos. Movimiento Cultural” afirmo que: “Esta nueva
infraestructura incluye programas digitales de conectividad entre
hospitales y unidades de salud, proveyendo de conexión por internet por
banda ancha a los hospitales y centros de salud a nivel departamental y
municipal”.
Más
señaló que si se compara la infraestructura existente en el año 2006
con la actual se puede constatar que de 56 hospitales, se pasó a 75 los
que poseen tecnología e inversión permanente. Así mismo, el país cuenta
“con 10 camas hospitalarias, 9 médicos, 8 enfermeras y 9 auxiliares de
enfermería por cada diez mil habitantes”. Esta situación condujo a una
abrupta caída de la mortalidad neonatal que bajó de 18 por cada mil
nacidos vivos al inicio de esta nueva etapa de reconstrucción nacional, a
9 en el año 2022.
Nada
de esto ha sido informados por ninguna ONG, tampoco dado a conocer por
algún medio transnacional, ni festejado por ningún partido de la
izquierda tradicional latinoamericana o europea. Para los que tienen
dudas sobre estas cifras por ser oficiales y aportadas por altos
funcionarios del Estado nicaragüense, tienen la opción de consultar al
FMI, que puede corroborar sin duda alguna toda la información que se
está ofreciendo
Más
fácil aún, pueden ir a Nicaragua y conversar con los trabajadores del
mercado, los hoteleros, los taxistas, los restauranteros, los artesanos y
si quieren ir más lejos hablen con soldados y policías y pregúntenles
que piensan de su país y aprovechen de consultarles su opinión acerca de
los intelectuales que transmiten odio desde Miami, Los Ángeles y
Madrid, de los terroristas con sotana y de los traidores que prefieren
sumir al país en muerte y destrucción antes que contribuir a la grandeza
de su Patria.
Finalizo
dando a conocer con el decreto del 14 de noviembre de 1927 emitido por
el general de Hombres Libres Augusto C. Sandino desde el Cuartel General
del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional en el Chipote,
departamento de Nueva Segovia, Nicaragua.
Decreto
Son traidores a la Patria:
1.
Todo nicaragüense que con miras políticas traficare con la honra de la
Nación, solicitando apoyo oficial de los conquistadores de Nicaragua,
así como del gobierno de la Casa Blanca y el que saliere del país como
representante del gobierno espurio del traidor Adolfo Díaz.
2. El que haya celebrado pactos secretos con el enemigo, ya sea como jefe militar o como jefe civil.
3.
El que prestare ayuda a los invasores y traidores para asesinar a los
patriotas nicaragüenses que están defendiendo la Soberanía Nacional.
4. El que suministrare informes, verbalmente o por escrito, declarando contra sus conciudadanos.
5.
El que solicitare protección de los invasores con el pretexto de
defender sus intereses, ya sea nacional o extranjero le será aplicada la
misma pena que la Constitución Política señala para los traidores a la
Patria.
Al
mismo tiempo, hago saber a la sociedad nicaragüense, al pueblo con
quien los vínculos de espiritualidad me ligan a defender sus derechos,
así como a los extranjeros radicados el país, que: siendo el Ejército
Defensor de la Soberanía de Nicaragua una institución perfectamente
organizada y disciplinada, dará toda clase de garantías efectivas a
nacionales y extranjeros siempre que guarden estricta neutralidad.
Dado en El Chipote, a los catorce días del mes de noviembre del año 1927.
Patria y Libertad. A.C. Sandino.
www.sergioro07.blogspot.com
