Coerción imperialista se llama genocidio


El Gobierno de Nicaragua rechazó este jueves en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas las medidas coercitivas y agresiones extranjeras.

Por Radio La Primerísima


Durante la 89 reunión plenaria de la Asamblea General, en relación al tema 28 del programa “Eliminación de las Medidas Económicas Coercitivas Unilaterales Extraterritoriales utilizadas como Instrumento de Coacción Política y Económica”, el representante nicaragüense Iván Lara manifestó que el Derecho Internacional es aplicado según la conveniencia del imperio.

“Mientras Nicaragua trabaja por la paz, la seguridad, luchando contra el hambre y la pobreza, garantizando acceso a la educación gratuita, acceso universal a la salud, Estados Unidos se ensaña en contra de nuestro pueblo aplicando medidas coercitivas ilegales”, denuncia el Gobierno Sandinista.

Intervención íntegra del Gobierno de Nicaragua

Nicaragua se asocia a los discursos pronunciados por Uganda en nombre del Grupo G77+China y del Movimiento de Países No Alineados, así como de Venezuela, en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas.

Desde 1983, la Asamblea General de Naciones Unidas, ha venido aprobando resoluciones en las cuales se reconoce el efecto negativo de las “Medidas Coercitivas Unilaterales” sobre las economías de los países en desarrollo, y que esas ilegales medidas, no benefician en nada al multilateralismo, ni contribuyen a crear un clima de paz y de relaciones de amistad entre los Estados.

Desde el año 2000, la imposición de “Medidas Coercitivas Unilaterales” se ha convertido en una herramienta clave de política exterior por parte de países como Estados Unidos y de miembros de la Unión Europea, que han emitido más de 26 mil sanciones, afectando a casi un tercio de la población mundial. Estas Medidas Coercitivas, son verdaderas agresiones contra el derecho de los pueblos a su autodeterminación y el derecho de los pueblos a ser libres.

A más de 40 años, de la adopción de la resolución 38/197 de 1983, titulada “Medidas económicas como medio de ejercer presión política y económica sobre países en desarrollo”, Estados Unidos y sus aliados continúan haciendo gala de su prepotencia imperial con total impunidad, aprovechando su posición dominante en la economía internacional, utilizando estas medidas económicas para ejercer presión o coacción sobre las decisiones soberanas de países en desarrollo.

La Asamblea General ha reconocido el carácter extraterritorial de estas medidas, políticas y prácticas legislativas y administrativas de índole coercitiva, adoptadas unilateralmente contra el desarrollo de los pueblos y la plena realización de sus derechos humanos. La Asamblea General ha dispuesto que los países desarrollados deben abstenerse de la amenaza o la aplicación de restricciones comerciales, bloqueos, embargos y otras medidas económicas que son incompatibles con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

La Carta de las Naciones Unidas establece la igualdad soberana de todos los Estados, sin embargo, tanto la Carta como el Derecho Internacional son aplicados de manera conveniente por las potencias imperialistas que se han autoatribuido la facultad de crear listas unilaterales, no solamente instrumentalizando los derechos humanos y la democracia, sino bajo falsos pretextos contrarios al derecho internacional, utilizando falsas acusaciones de patrocinio al terrorismo.

La “Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados”, adoptada en Resolución 3281 de esta Asamblea General en 1974, estableció que “ningún Estado podrá emplear medidas económicas, políticas o de ninguna otra índole, ni fomentar el empleo de tales medidas, con objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos o conseguir de él ventajas de cualquier naturaleza.”

A pesar de la plena vigencia de esta Carta, el bloqueo contra el hermano pueblo de Cuba, continúa causando daños incuantificables a esa nación, limitando el acceso a medicamentos, alimentación, elementos esenciales para la salud y la vida.

Asimismo, condenamos la inclusión de la hermana República de Cuba en la infame “Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo”. Este es otro instrumento utilizado por Estados Unidos para justificar la adopción de medidas ilegales, coercitivas, a fin de ejercer presión económica y política, en una clara violación a la Soberanía del Estado cubano. Nicaragua exige la exclusión de Cuba de esta lista unilateral.

Nicaragua, al igual que otros hermanos países, continúa siendo víctima de estas medidas violatorias del Derecho Internacional; a través de leyes extraterritoriales y órdenes ejecutivas impuestas por Estados Unidos, las cuales tienen el claro objetivo de destruir nuestra economía, atentar contra nuestra soberanía nacional y el derecho de nuestro pueblo a la libre autodeterminación, sin injerencias externas.

Es inadmisible que un país o un grupo de países venga aquí, a esta Asamblea General, a justificar o pretender justificar la aplicación de estas criminales medidas, proclamándose prácticamente jueces de la humanidad para imponer unilateralmente a lo que llaman “sanciones”. Es violatorio del Derecho Internacional. Ningún país unilateralmente conforme el Derecho Internacional tiene facultad alguna o le establece este poder sancionatorio.

El Fondo Monetario Internacional, ha reconocido a Nicaragua por la implementación de políticas económicas adecuadas y sus esfuerzos en la implementación de normas relacionadas con la transparencia y la supervisión de los fondos públicos. Asimismo, en el 2022, el GAFI reconoció el trabajo de Nicaragua por alinear su marco de lucha contra el lavado de Activos y Financiación al terrorismo con los estándares internacionales, lo que resultó en la eliminación de Nicaragua de la denominada “lista gris”. En marzo 2023, el Presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, calificó como ejemplar la ejecución que realiza Nicaragua de los proyectos financiados por Organismos Internacionales.

En materia de seguridad, a través de nuestra Policía Nacional se implementa una Estrategia de Seguridad Ciudadana y Humana, la cual tiene como centro a las personas, comunidades y familias, con un enfoque de género. Integra a todas las instituciones del Estado las cuales desarrollan acciones de carácter multidisciplinario, integral, equilibrado, educativo y preventivo.

Asimismo, se implementa la estrategia “Muro de Contención” contra el narcotráfico, ejecutada en coordinación interinstitucional, que permite desviar, contener y capturar la mayor cantidad de droga posible en los accesos inmediatos del territorio nacional, sean estas, fronteras terrestres, aéreas o marítimas, con el propósito que estas sustancias no circulen por el país y no continúen el tránsito hacia los mercados de consumo en los Estados Unidos y otros países consumidores, evitando así su impacto destructivo, contribuyendo, de esa manera con la región y la comunidad internacional, investigando, acusando y sancionando a las personas relacionadas al narcotráfico.

Como resultado de nuestras estrategias y políticas en materia de seguridad, Nicaragua es un referente con la tasa de homicidios más baja en la región. Desde el año 2019 al 2023 promedia una tasa anual de 7.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, esta tasa es 2 veces menor que el promedio en la región centroamericana.

Mientras Nicaragua trabaja por la paz, la seguridad, luchando contra el hambre y la pobreza, garantizando acceso a la educación gratuita, acceso universal a la salud, Estados Unidos se ensaña en contra de nuestro pueblo aplicando medidas coercitivas ilegales para obstaculizar el alcance de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, acordados en el seno de esta Organización.

Estados Unidos aplica leyes extraterritoriales como la denominada Ley de Condicionalidad de las Inversiones de Nicaragua (Nica Act), aprobada en 2018, y la Ley de fortalecimiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral de 2021″, conocida como “Ley RENACER” mediante las cuales se busca bloquear los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua, con el objetivo claro de afectar el desarrollo de programas sociales financiados con la cooperación externa.

Mediante órdenes ejecutivas, Estados Unidos ha impuesto la prohibición de nuevas inversiones en Nicaragua y la importación y exportación de ciertos productos. Asimismo, contraviniendo el Derecho Internacional, mediante estas órdenes imponen medidas individuales a funcionarios del Gobierno con lo cual se pretende paralizar la dirección funcional de las instituciones del Estado y obstaculizar el desarrollo de capacidades en instituciones como Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, Consejo Supremo Electoral, Ministerio Público y Telecomunicaciones. También implementan medidas en contra del sector energético y minería, para desacelerar el desarrollo económico del país.

Recientemente, el 15 de mayo, el Departamento del Tesoro, en un intento más desestabilizar a Nicaragua, impuso medidas coercitivas en contra del Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua, que brinda cooperación en materia de conocimientos y capacidades a las instituciones policiales de la región centroamericana. Esta medida tiene el claro objetivo de paralizar la cooperación internacional y constituye una violación a la propósitos establecidos en la Carta de la ONU.

Estas “Medidas Coercitivas Unilaterales”, son una muestra más del “uso de la fuerza” y un mecanismo de injerencia en los asuntos internos de los Estados, prohibidos por la Carta de La ONU. Constituyen un castigo colectivo en contra de los pueblos, dislocan las economías de los países, afectan el nivel de vida de poblaciones enteras; restringiendo su acceso a alimentos, medicinas, agua y saneamiento, salud, vivienda, educación y empleo, con la intención de provocar descontento social y derrocar a los gobiernos legítimos.

Habitualmente, estas medidas coercitivas se fundamentan en noticias falsas y van acompañadas de estereotipos negativos, discursos de odio en contra de hermanos pueblos como China, Cuba, Irán, Bielorrusia, Eritrea, Nicaragua, Venezuela, Rusia, Zimbabue y otros países víctimas de estas ilegales medidas.

Las medidas coercitivas no son herramientas inocentes de “poder blando”, matan como las balas en la guerra, matan de hambre, matan por falta de medicamentos, y están dirigidas a infligir deliberadamente las condiciones de vida de una población, para provocar su destrucción física total o parcial, y esto se llama genocidio.

Es imperativo suspender inmediatamente las medidas económicas coercitivas unilaterales impuestas a nuestros pueblos. Eliminar estas agresiones, que son verdaderos obstáculos en la erradicación de la pobreza y para avanzar en la consecución de los “Objetivos de Desarrollo Sostenibles” contenidos en la “Agenda 2030”.

Es necesario que esta Asamblea General sea proactiva, que no se limite a instar y condenar estas prácticas genocidas violatorias del Derecho Internacional. Se requiere que esta Asamblea General adopte una resolución de conformidad con el artículo 96 de la Carta de la ONU remitiendo las cuestiones jurídicas relativas a la impune implementación de las Ilegales “Medidas Coercitivas Unilaterales” a la Corte Internacional de Justicia, solicitando una opinión consultiva sobre las consecuencias de la continua imposición y se establezca la obligación de indemnizar a los países víctimas por los daños ocasionados.

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