El Gobierno de Nicaragua rechazó este jueves en el seno de la
Asamblea General de las Naciones Unidas las medidas coercitivas y
agresiones extranjeras.
Por Radio La Primerísima
Durante la 89 reunión plenaria de la Asamblea General, en relación al
tema 28 del programa “Eliminación de las Medidas Económicas Coercitivas
Unilaterales Extraterritoriales utilizadas como Instrumento de Coacción
Política y Económica”, el representante nicaragüense Iván Lara
manifestó que el Derecho Internacional es aplicado según la conveniencia
del imperio.
“Mientras Nicaragua trabaja por la paz, la seguridad, luchando contra
el hambre y la pobreza, garantizando acceso a la educación gratuita,
acceso universal a la salud, Estados Unidos se ensaña en contra de
nuestro pueblo aplicando medidas coercitivas ilegales”, denuncia el
Gobierno Sandinista.
Intervención íntegra del Gobierno de Nicaragua
Nicaragua se asocia a los discursos pronunciados por Uganda en
nombre del Grupo G77+China y del Movimiento de Países No Alineados, así
como de Venezuela, en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta
de las Naciones Unidas.
Desde 1983, la Asamblea General de Naciones Unidas, ha venido
aprobando resoluciones en las cuales se reconoce el efecto negativo de
las “Medidas Coercitivas Unilaterales” sobre las economías de los países
en desarrollo, y que esas ilegales medidas, no benefician en nada al
multilateralismo, ni contribuyen a crear un clima de paz y de relaciones
de amistad entre los Estados.
Desde el año 2000, la imposición de “Medidas Coercitivas
Unilaterales” se ha convertido en una herramienta clave de política
exterior por parte de países como Estados Unidos y de miembros de la
Unión Europea, que han emitido más de 26 mil sanciones, afectando a casi
un tercio de la población mundial. Estas Medidas Coercitivas, son
verdaderas agresiones contra el derecho de los pueblos a su
autodeterminación y el derecho de los pueblos a ser libres.
A más de 40 años, de la adopción de la resolución 38/197 de 1983,
titulada “Medidas económicas como medio de ejercer presión política y
económica sobre países en desarrollo”, Estados Unidos y sus aliados
continúan haciendo gala de su prepotencia imperial con total impunidad,
aprovechando su posición dominante en la economía internacional,
utilizando estas medidas económicas para ejercer presión o coacción
sobre las decisiones soberanas de países en desarrollo.
La Asamblea General ha reconocido el carácter extraterritorial de
estas medidas, políticas y prácticas legislativas y administrativas de
índole coercitiva, adoptadas unilateralmente contra el desarrollo de los
pueblos y la plena realización de sus derechos humanos. La Asamblea
General ha dispuesto que los países desarrollados deben abstenerse de la
amenaza o la aplicación de restricciones comerciales, bloqueos,
embargos y otras medidas económicas que son incompatibles con las
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.
La Carta de las Naciones Unidas establece la igualdad soberana de
todos los Estados, sin embargo, tanto la Carta como el Derecho
Internacional son aplicados de manera conveniente por las potencias
imperialistas que se han autoatribuido la facultad de crear listas
unilaterales, no solamente instrumentalizando los derechos humanos y la
democracia, sino bajo falsos pretextos contrarios al derecho
internacional, utilizando falsas acusaciones de patrocinio al
terrorismo.
La “Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados”, adoptada
en Resolución 3281 de esta Asamblea General en 1974, estableció que
“ningún Estado podrá emplear medidas económicas, políticas o de ninguna
otra índole, ni fomentar el empleo de tales medidas, con objeto de
coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del
ejercicio de sus derechos soberanos o conseguir de él ventajas de
cualquier naturaleza.”
A pesar de la plena vigencia de esta Carta, el bloqueo contra el
hermano pueblo de Cuba, continúa causando daños incuantificables a esa
nación, limitando el acceso a medicamentos, alimentación, elementos
esenciales para la salud y la vida.
Asimismo, condenamos la inclusión de la hermana República de Cuba en
la infame “Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo”. Este es
otro instrumento utilizado por Estados Unidos para justificar la
adopción de medidas ilegales, coercitivas, a fin de ejercer presión
económica y política, en una clara violación a la Soberanía del Estado
cubano. Nicaragua exige la exclusión de Cuba de esta lista unilateral.
Nicaragua, al igual que otros hermanos países, continúa siendo
víctima de estas medidas violatorias del Derecho Internacional; a través
de leyes extraterritoriales y órdenes ejecutivas impuestas por Estados
Unidos, las cuales tienen el claro objetivo de destruir nuestra
economía, atentar contra nuestra soberanía nacional y el derecho de
nuestro pueblo a la libre autodeterminación, sin injerencias externas.
Es inadmisible que un país o un grupo de países venga aquí, a esta
Asamblea General, a justificar o pretender justificar la aplicación de
estas criminales medidas, proclamándose prácticamente jueces de la
humanidad para imponer unilateralmente a lo que llaman “sanciones”. Es
violatorio del Derecho Internacional. Ningún país unilateralmente
conforme el Derecho Internacional tiene facultad alguna o le establece
este poder sancionatorio.
El Fondo Monetario Internacional, ha reconocido a Nicaragua por la
implementación de políticas económicas adecuadas y sus esfuerzos en la
implementación de normas relacionadas con la transparencia y la
supervisión de los fondos públicos. Asimismo, en el 2022, el GAFI
reconoció el trabajo de Nicaragua por alinear su marco de lucha contra
el lavado de Activos y Financiación al terrorismo con los estándares
internacionales, lo que resultó en la eliminación de Nicaragua de la
denominada “lista gris”. En marzo 2023, el Presidente del Banco
Centroamericano de Integración Económica, calificó como ejemplar la
ejecución que realiza Nicaragua de los proyectos financiados por
Organismos Internacionales.
En materia de seguridad, a través de nuestra Policía Nacional se
implementa una Estrategia de Seguridad Ciudadana y Humana, la cual tiene
como centro a las personas, comunidades y familias, con un enfoque de
género. Integra a todas las instituciones del Estado las cuales
desarrollan acciones de carácter multidisciplinario, integral,
equilibrado, educativo y preventivo.
Asimismo, se implementa la estrategia “Muro de Contención” contra el
narcotráfico, ejecutada en coordinación interinstitucional, que permite
desviar, contener y capturar la mayor cantidad de droga posible en los
accesos inmediatos del territorio nacional, sean estas, fronteras
terrestres, aéreas o marítimas, con el propósito que estas sustancias no
circulen por el país y no continúen el tránsito hacia los mercados de
consumo en los Estados Unidos y otros países consumidores, evitando así
su impacto destructivo, contribuyendo, de esa manera con la región y la
comunidad internacional, investigando, acusando y sancionando a las
personas relacionadas al narcotráfico.
Como resultado de nuestras estrategias y políticas en materia de
seguridad, Nicaragua es un referente con la tasa de homicidios más baja
en la región. Desde el año 2019 al 2023 promedia una tasa anual de 7.2
homicidios por cada 100 mil habitantes, esta tasa es 2 veces menor que
el promedio en la región centroamericana.
Mientras Nicaragua trabaja por la paz, la seguridad, luchando contra
el hambre y la pobreza, garantizando acceso a la educación gratuita,
acceso universal a la salud, Estados Unidos se ensaña en contra de
nuestro pueblo aplicando medidas coercitivas ilegales para obstaculizar
el alcance de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, acordados en el
seno de esta Organización.
Estados Unidos aplica leyes extraterritoriales como la denominada
Ley de Condicionalidad de las Inversiones de Nicaragua (Nica Act),
aprobada en 2018, y la Ley de fortalecimiento de la adherencia de
Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral de 2021″, conocida
como “Ley RENACER” mediante las cuales se busca bloquear los préstamos
de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua, con el
objetivo claro de afectar el desarrollo de programas sociales
financiados con la cooperación externa.
Mediante órdenes ejecutivas, Estados Unidos ha impuesto la
prohibición de nuevas inversiones en Nicaragua y la importación y
exportación de ciertos productos. Asimismo, contraviniendo el Derecho
Internacional, mediante estas órdenes imponen medidas individuales a
funcionarios del Gobierno con lo cual se pretende paralizar la dirección
funcional de las instituciones del Estado y obstaculizar el desarrollo
de capacidades en instituciones como Policía Nacional, Ejército de
Nicaragua, Consejo Supremo Electoral, Ministerio Público y
Telecomunicaciones. También implementan medidas en contra del sector
energético y minería, para desacelerar el desarrollo económico del país.
Recientemente, el 15 de mayo, el Departamento del Tesoro, en un
intento más desestabilizar a Nicaragua, impuso medidas coercitivas en
contra del Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia
en Managua, que brinda cooperación en materia de conocimientos y
capacidades a las instituciones policiales de la región centroamericana.
Esta medida tiene el claro objetivo de paralizar la cooperación
internacional y constituye una violación a la propósitos establecidos en
la Carta de la ONU.
Estas “Medidas Coercitivas Unilaterales”, son una muestra más del
“uso de la fuerza” y un mecanismo de injerencia en los asuntos internos
de los Estados, prohibidos por la Carta de La ONU. Constituyen un
castigo colectivo en contra de los pueblos, dislocan las economías de
los países, afectan el nivel de vida de poblaciones enteras;
restringiendo su acceso a alimentos, medicinas, agua y saneamiento,
salud, vivienda, educación y empleo, con la intención de provocar
descontento social y derrocar a los gobiernos legítimos.
Habitualmente, estas medidas coercitivas se fundamentan en noticias
falsas y van acompañadas de estereotipos negativos, discursos de odio en
contra de hermanos pueblos como China, Cuba, Irán, Bielorrusia,
Eritrea, Nicaragua, Venezuela, Rusia, Zimbabue y otros países víctimas
de estas ilegales medidas.
Las medidas coercitivas no son herramientas inocentes de “poder
blando”, matan como las balas en la guerra, matan de hambre, matan por
falta de medicamentos, y están dirigidas a infligir deliberadamente las
condiciones de vida de una población, para provocar su destrucción
física total o parcial, y esto se llama genocidio.
Es imperativo suspender inmediatamente las medidas económicas
coercitivas unilaterales impuestas a nuestros pueblos. Eliminar estas
agresiones, que son verdaderos obstáculos en la erradicación de la
pobreza y para avanzar en la consecución de los “Objetivos de Desarrollo
Sostenibles” contenidos en la “Agenda 2030”.
Es necesario que esta Asamblea General sea proactiva, que no se
limite a instar y condenar estas prácticas genocidas violatorias del
Derecho Internacional. Se requiere que esta Asamblea General adopte una
resolución de conformidad con el artículo 96 de la Carta de la ONU
remitiendo las cuestiones jurídicas relativas a la impune implementación
de las Ilegales “Medidas Coercitivas Unilaterales” a la Corte
Internacional de Justicia, solicitando una opinión consultiva sobre las
consecuencias de la continua imposición y se establezca la obligación de
indemnizar a los países víctimas por los daños ocasionados.
