Un grupo de personas solidarias con la Revolución Sandinista de Nicaragua hemos grabado, transcrito y traducido* una serie de más de veinte testimonios para ilustrar la experiencia de la gente de base en Nicaragua del violento fallido intento de golpe de Estado entre abril y julio de 2018.
Red de Solidaridad con Nicaragua
Ninguna organización de derechos humanos y prácticamente ningún periodista, escritor o académico, entre todos los que escriben tan fácilmente sobre la crisis de 2018 en Nicaragua, se ha tomado la molestia de grabar y publicar el testimonio de ninguna de las miles de víctimas de los violentos ataques de la oposición durante esa crisis.
Entre escritores de nombre, las únicas excepciones que conocemos son el periodista italiano Giorgio Trucchi, Max Blumenthal y Ben Norton del medio de comunicación The Grayzone, el escritor y abogado de derechos humanos Dan Kovalik, los periodistas independientes Dick y Miriam Emanuelsson, John Perry, Steve Sweeney del Morning Star y la empresa de documentales Redfish. La razón muy simple de esto es que el relato principal promovido a nivel internacional del violento, fallido intento de golpe de Estado de 2018 en Nicaragua retrató completamente lo contrario de lo que realmente ocurrió.
Instituciones internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ignoraron en absoluto la violencia de la oposición para así poder afirmar con la mayor falsedad posible que el gobierno aplastó protestas pacíficas con una violencia desproporcionada y brutal, lo cual es una mentira. Promuevan esta narrativa falsa porque se someten a la presión política de los gobiernos de los Estados Unidos y de la Unión Europea.
Estos testimonios demuestran el desvergonzado falso testimonio de estas instituciones internacionales, de las ONG de derechos humanos y de los medios de comunicación internacionales, los cuales de manera deliberada y sistemática han distorsionado la verdad de los hechos. Un tema recurrente en la recopilación de estos testimonios es la total falta de interés en las experiencias y el sufrimiento de las personas entrevistadas por parte de los representantes e investigadores de la industria occidental de los derechos humanos.
Puede descargar o leer en línea todas las entrevistas en este enlace
Algunos puntos importantes
Hay tres cosas importantes que hay que entender para que las entrevistas se entiendan plenamente.
En primer lugar, los testimonios se refieren casi exclusivamente a los incidentes que tuvieron lugar mientras la policía de Nicaragua estaba confinada en sus comisarías. El 22 de abril el Presidente Ortega pidió públicamente a la Conferencia Episcopal Católica que sirviera como mediador de un diálogo nacional entre el gobierno y la oposición. Los obispos tardaron dos semanas en responder y cuando lo hicieron, impusieron varias condiciones, una de ellas fue que la policía fuera retirada de las calles.
El gobierno nicaragüense aceptó esta condición antes de las conversaciones del llamado Diálogo Nacional que comenzaron el 16 de mayo y esto explica por qué la población en general estuvo expuesta durante tantas semanas a ataques violentos e intimidaciones por parte de los activistas de la oposición, como se describe en estos testimonios.
Un segundo punto importante es que la oposición construía y manejaba "tranques" o bloqueos de carreteras en puntos estratégicos de la red nacional de carreteras y en las calles de los centros urbanos.
Estos tranques servían como bases de operaciones para que la oposición llevara a cabo sus crímenes y también como retenes delincuenciales para intimidar, monitorear, robar y extorsionar a cualquiera que pasara por ellos, como lo describen vívidamente estos testimonios. Los tranques eran operados por activistas de la oposición y delincuentes a sueldo que a menudo terminaban peleándose entre ellos por motivo de disputas sobre cómo repartir lo que robaban a todas las personas que extorsionaban antes de dejarlas pasar.
Un tercer tema recurrente en estas entrevistas es la cuestión de la ley de amnistía de 2019 que puso en libertad a todas y todos los activistas violentos de la oposición y sus cómplices delincuentes. Todos habían sido acusados, juzgados, condenados y encarcelados por delitos penales cometidos durante la crisis de 2018. Para las personas que sufrieron directamente la violencia de la oposición en 2018 y sus familias, fue necesario un gran acto de fe en la sabiduría de las autoridades nicaragüenses para que esa medida tuviera éxito.
Por ello, en Nicaragua, todas las víctimas de la violencia de la oposición y sus familiares son considerados Héroes de la Paz, porque han puesto la necesidad de la reconciliación en la sociedad nicaragüense por encima de su propio sufrimiento y dolor personal.
Pero eso es algo que va mucho más allá de la lamentable falta de comprensión moral, la abdicación intelectual al por mayor y el cinismo de prácticamente todos los periodistas y editores de medios de comunicación norteamericanos y europeos, y también los académicos universitarios, funcionarios de la OEA y de la oficina del Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o de cualquiera de los representantes de las principales ONG internacionales de derechos humanos.
Los crímenes de Ramírez y Mairena
Estos testimonios se centran en las víctimas del llamado Movimiento Campesino, una pequeña organización cuyos agresivos líderes, como Francisca Ramírez y Medardo Mairena, proyectan deliberadamente una falsa imagen de que representan a un gran número de trabajadores rurales en Nicaragua.
De hecho, la población local calcula que el núcleo de miembros del Movimiento Campesino no es más de alrededor de 2 mil personas máximo. Fue por medio de pagos, intimidación y la desinformación que sus marchas de protesta movilizaron ocasionalmente a más gente. Por comparación la Asociación de Trabajadores del Campo es una organización nacional con 47 mil afiliados. A nivel nacional hay 5,300 cooperativas agropecuarias inscritos, con más de 350 mil miembros. Ni una es del Movimiento Campesino.
Este movimiento comenzó inicialmente supuestamente en protesta contra el propuesto canal interoceánico de Nicaragua. Para proyectarse como una dirigente de peso, Ramírez se ufana de cómo ella ha organizado más de ochenta grandes protestas públicas, cada una con varios miles de personas. De la manera más contradictoria, a la vez denuncia haber sido víctima de una dictadura que no permite libertad de expresión.
De hecho, nunca ha desarrollado su base de apoyo popular de manera significativa. El área principal desde la que Ramírez y Mairena han movilizado apoyo es la zona entre El Tule en la costa este del Lago Cocibolca y la zona al sur de Bluefields, donde se ha previsto que el canal entre en el Mar Caribe. La zona abarca la parte central y oriental del municipio de Nueva Guinea y el territorio adyacente en el municipio de Bluefields. El asentamiento de la zona, especialmente en Nueva Guinea, se desarrolló en la década de los 1970s.
Esto fue en parte el resultado de una mal llamada reforma agraria por la dictadura de Somoza que despejó a las familias rurales sin tierra de las zonas de la costa del Pacífico. En esa parte del territorio nacional, la camarilla gobernante de Somoza quería cultivar algodón para aprovechar el auge de los precios del algodón de esa época. Pero muchas familias que se quedaron sin hogar después del terremoto de 1972 también fueron llevadas y en efecto dejado abandonadas en Nueva Guinea.
Muchos cientos de familias se trasladaron a Nueva Guinea en diferentes momentos durante ese período. Se asentaron en tierras que carecían prácticamente de todo apoyo o infraestructura, lo que dio lugar a una población extremadamente empobrecida, sin acceso a servicios de salud y educación adecuadas.
Las garras del PLC
Geográficamente, la zona ha sido de muy difícil acceso y las comunicaciones por tierra siguen limitadas especialmente en la zona de la delimitación municipal entre Nueva Guinea y Bluefields. Esto dificulta enormemente las garantías de seguridad ciudadana por parte de la Policía Nacional.
Se combinan estas características geográficas con un perfil socio-económico muy favorable para una organización como el Movimiento Campesino que encubre sus actividades criminales con un discurso político de derecha.
Históricamente, la región ha sido un bastión del derechista Partido Liberal Constitucionalista. Durante la década de 1980 los combatientes de la Contra apoyados por EEUU disputaron el control de la zona con el Ejército Popular Sandinista. Los patrones de esa historia prevalecen hasta el día de hoy.
Medardo Mairena ha sido elegido como consejero del PLC de la autoridad regional de la Región Autónoma del Caribe Sur. Uno de los principales cómplices de Mairena, Pedro Mena, ha sido un concejal municipal del PLC.
Francisca Ramírez Torrez y su compañero Migdonio López Chamorro han sido durante mucho tiempo activistas del PLC. Durante el decenio de 1980, López Chamorro fue comandante de la agrupación ARDE de la Contra, con base en Costa Rica. Tenía el apodo "Brasita".
Si bien Medardo Mairena y Francisca Ramírez han logrado proyectarse en algunas partes del extranjero como nobles luchadores en defensa de las empobrecidas familias rurales y como víctimas de una represión injusta, su imagen a nivel local es muy diferente. Hace varios años, Mairena fue expulsado por las autoridades costarricenses acusado de tráfico de personas.
Ramírez y su familia, lejos de ser campesinos empobrecidos, están registrados por la policía local de Nueva Guinea como propietarios de dos grandes camiones de ganado y un costoso todoterreno Toyota Land Cruiser. Los habitantes locales dicen que ella y su familia poseen entre 300 y 400 manzanas de tierra.
Al momento actual, septiembre de 2020, Ramírez y su familia han estado involucrados en Costa Rica en un litigio sobre una propiedad la cuál supuestamente ella ha usurpado a un terrateniente local, así también como en acusaciones de uso corrupto de fondos para ayudar a supuestos "refugiados" de Nicaragua.
Gracias en gran medida a la orientación y el apoyo de, entre otros, Mónica Baltodano y su hija Mónica López a través de la ONG Popol Na, propiedad de la familia Baltodano, Ramírez y Mairena también accedieron a un financiamiento sustancial que sin duda asciende a muchos cientos de miles y posiblemente millones de dólares.
La financiación ha procedido tanto de fondos discrecionales de la USAID administrados por la embajada de los Estados Unidos en Managua, como de ONG extranjeras de derechos humanos como Frontline Defenders de Irlanda, entre otros. Ramírez y Mairena son totalmente opacos en cuanto a la cantidad de dinero que han recibido y cómo lo han usado.
